TOP-SECRET: Del Silencio a la Memoria: Acto para celebrar el Informe del AHPN

Members of the archive’s National Advisory Board stand with Ana Carla Ericastilla, director of the General Archives of Central America (front, center), Gustavo Meoño (back, right), representatives from several embassies (back), and National Security Archive’s Kate Doyle at release of the report, “Del Silencio a la Memoria” at the University of San Carlos in Guatemala City, Guatemala on June 7, 2011. [Daniel Hernández-Salazar © 2011]

Guatemala City, Guatemala, June 7, 2011 – Este texto es una copia del discurso de Kate Doyle en la ceremonia de la presentación del informe, “Del Silencio a la Memoria: Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional” en la Universidad de San Carlos, Guatemala City, Guatemala.

**********

Vengo hoy como representante del Consejo Consultivo Internacional del Proyecto de la Recuperación de los Archivos Históricos de la Policía Nacional para felicitar al equipo del archivo por sus trabajos tremendos en el rescate de los documentos – archivos que representan una parte imprescindible de la historia política y social del país y en ese sentido el patrimonio del pueblo de Guatemala. La defensa de los derechos humanos en Guatemala, y en concreto la lucha contra el olvido, tienen en los archivos y muy especialmente en el Archivo Histórico de la Policía Nacional un elemento de apoyo insustituible. Los frutos del trabajo realizado, como refleja el informe que hoy se presenta, empiezan a ser percibidos de forma evidente, dentro y fuera del país.

El Consejo Consultivo Internacional consta de representantes de archivos y derechos humanos de varios países, que incluye el Dr. Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz y Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria de Argentina; Fina Solá, Secretaria Internacional de Archivos sin Fronteras, con sede en Barcelona; el reconocido experto en archivos de España, Antonio González Quintana; Maripaz Vergara Low, Secretaria Ejecutiva de la Vicaria de la Solidaridad de Chile; Dr. Patrick Ball, científico y estadístico del Grupo Benetech de California; y su propio Arturo Taracena, doctor en historia, investigador y escritor, Guatemalteco viviendo en México – entre otros. Y formamos parte de una comunidad internacional, bien amplia, de expertos en los campos de archivos y derechos humanos que son firmes partidarios del Archivo Histórico de la Policía Nacional, admiradores de sus logros, y compañeros en la lucha contra impunidad. El Archivo, en fin, debe considerarse bien acompañado.

El título de la publicación del AHPN es un homenaje al informe final de la CEH, “Memoria del Silencio”: no solo en el sentido de que la comisión logró entregar al pueblo de Guatemala los resultados de una investigación inédita, impactante y magistral, sino también como referencia implícita a uno de los problemas más espinosos para la comisión – la falta de información oficial. No la falta de testimonios de los sobrevivientes. No la falta de huesos de las exhumaciones. No la falta de publicaciones de las organizaciones de DDHH, ni de las resoluciones de las entidades inter-americanas. No la falta de recortes de la prensa, informes de la iglesia, peticiones de los familiares o memorias de los testigos. Solo la falta de la información oficial del gobierno de Guatemala: del Ejército del país y de su cómplice y subordinado, la Policía Nacional.

En el volumen final, el duodécimo, del informe de la CEH, se reproducen docenas de cartas entre los tres comisionados y el alto mando de las instituciones de seguridad, tal como el entonces Ministro de la Defensa, Héctor Mario Barrios Celada, y el Ministro de Gobernación Rodolfo Mendoza Rosales. Las comunicaciones capturan la exasperación y frustración intensa de la comisión en intentar obtener aún los documentos más básicos de los partidos del conflicto interno para poder llevar a cabo sus investigaciones en una manera rigurosa y balanceada. Capturan también la respuesta implacable y inevitable de las autoridades, que no. Que no hay documentos, que no existen documentos, que se destruyen, se pierden, o – peor – que los documentos todavía están bajo el sello de seguridad nacional.

Escribieron los comisionados en una carta dirigida al Presidente de la Republica, Alvaro Arzú Irigoyen, con fecha del 24 de marzo de 1998, “Es difícil aceptar que esa información no existe en los archivos del Gobierno. Si así fuere, toda vez que estaríamos en presencia de una grave irregularidad, que agravaría la responsabilidad del Estado en situaciones violatorias de derechos humanos, estimamos indispensable conocer qué medidas de investigación se han adoptado para determinar las causas precisas del extravío de documentos históricos de carácter oficial. Estimamos que dichas medidas forman parte tanto de la obligación de colaboración del Gobierno con la Comisión como del deber del estado de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos…”

Desde luego, Guatemala no es el único país en América Latina que sufre por causa del silencio, negación y opacidad de sus propias instituciones en cuanto a las historias dolorosas de represión en la región. Perú, por ejemplo, tiene problemas muy semejantes, como bien saben los fiscales nombrados para judicializar el caso Fujimori. Cuando pidieron archivos de las fuerzas armadas del país para poder analizar las características de unidades castrenses supuestamente vinculadas a las masacres, el Ejército respondió que se había quemado todos los documentos relacionados. ¿Quemado? ¿Cómo quemado? Los fiscales nunca recibieron respuesta – el Ejército ni les entregó una orden de quemar ni un listado de los archivos supuestamente destruidos. No veía la necesidad – como si fueran sus propios documentos y no la propiedad del pueblo peruano – y tenía razón, porque el Gobierno de Perú no les obligó rendir cuentas sobre la materia.

En su reclamo sobre la obligación del Estado a producir los archivos – y en particular en su insistencia de que las autoridades justifiquen cualquier falta de información y hagan esfuerzos de recuperarla a través de investigaciones internas – la CEH anticipó con más que diez años un fallo extraordinario de la Corte I-A, emitido en diciembre del año pasado. En “Gomes Lund v. Brasil,” la Corte resolvió que la autoridades brasileños deben entregar todos documentos oficiales a los familiares de un grupo de algunos 60 militantes desaparecidos durante los años 70 en la región Araguaia por fuerzas de seguridad. La Corte destacó la existencia de un “consenso regional sobre la importancia del acceso a la información pública.” (§198) La corte afirmó el derecho a la verdad de las personas afectadas por las atrocidades cometidas durante la campaña contrainsurgente contra los militantes de Araguaia. La corte estableció que “en casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes. Asimismo, cuando se trata de la investigación de un hecho punible, la decisión de calificar como secreta la información y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito.” (§202)

Finalmente, y muy importante en el caso de Guatemala, “A criterio de este Tribunal, el Estado no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de los documentos solicitados sino que, por el contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos, demostrando que ha adoptado todas las medidas a su alcance para comprobar que, efectivamente, la información solicitada no existía. Resulta esencial que, para garantizar el derecho a la información, los poderes públicos actúen de buena fe y realicen diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial del presente caso.” (§211)

Por demasiado tiempo las instituciones del Estado de Guatemala han podido utilizar el silencio, negación y opacidad para encubrir las violaciones cometidas por sus propias agentes sin ninguna sanción. El trabajo del Archivo Histórico de la Policía Nacional – y en particular la publicación del extraordinario informe que hoy celebramos – es un desafío directo a este legado oscuro.

Para Guatemala, el informe cuenta verdades feas sobre la institución principal y más importante encargada con la protección de su seguridad cotidiana. Como, por ejemplo, las funciones anti-comunistas de la Dirección de Seguridad Nacional – establecido poco después la instalación de la dictadura militar en los años 50 – otorgaron a la misma institución poderes a indagar, vigilar, arrestar, interrogar y más a cualquier persona bajo los pretextos más débiles. Como sus funciones rápidamente superaron en importancia y prestigie las funciones ordinarias anti-crimen de la policía – y así se infectó la cultura de la policía. Como se militarizó igualmente rápido a la Policía Nacional  en todos aspectos: sus estructuras, sus rangos, sus reportes, sus operaciones. Como se subordinó al Ejército. Como, en los años 60, 70, 80, 90 la intensidad del control social ejerció por la Policía, la ferocidad de sus acciones represivas, tenían como su imagen en reversa la incompetencia y falta de interés en su supuesta función central: la investigación de crímenes, incluso los crímenes del secuestro y asesinato.

Para los Estados Unidos el informe tiene lecciones de otra naturaleza. Porque aunque se localizaron algunos documentos dentro del AHPN sobre la relación estrecha entre las fuerzas de seguridad y sus partidarios y patrocinadores norteamericanos, también existen y existían ya cientos de documentos desclasificados de los EEUU describiendo nuestra historia de ignominia en relación con la Policía Nacional. Más bien, para nosotros, el informe sirve como un recuerdito del papel que jugábamos por décadas en Guatemala de prestar toda ayuda, apoyo, hasta nuestra doctrina notoria de seguridad nacional a las fuerzas represivas de este país.

Bueno, ustedes van a leer el informe; lo van a leer personas interesadas de todas partes del mundo: historiadores, investigadores, periodistas, especialistas, archivistas, activistas, familiares y fiscales. Van a descubrir las riquezas de su contenido por sí mismos. Quisiera destacar un aspecto del informe que les podría escapar: es decir, la transparencia del mero proceso archivístico que subyace en el documento.

Lean la introducción para averiguar cómo se explica muy cuidosamente los mecanismos y metodología atrás de las investigaciones del AHPN, su análisis, sus estudios estadísticos, y el debate interno y externo sobre la cuestión de acceso público. Lean en las páginas 38-39 sobre “Los criterios para consignar los nombres que aparecen en los documentos del AHPN,” una reflexión profunda y seria sobre la decisión de publicar sin reserva todos los nombres que aparezcan en el informe. Merece que se cite: “El conflicto armado interno y las prácticas represivas, caracterizaron un período de la historia reciente de Guatemala, que afectó y sigue afectando enormemente a la sociedad. Frente a esta realidad resulta inevitable concluir que los acontecimientos políticos acaecidos entre 1960 y 1996 forman parte de la historia colectiva de la Nación. Ésta debe ser conocida en su justa dimensión, sin que nadie tenga el derecho a ocultar la información que proviene de las acciones del Estado y sus funcionarios.”

Con referencia a los instrumentos legales que garanticen el derecho a la información – tal como, por ejemplo, el artículo 24 de la ley de acceso a la información que prohíbe el resguardado como confidencial o reservada información que pueda contribuir al esclarecimiento de las violaciones contra derechos humanos fundamentales – el AHPN eligió incluir, y cito, “los nombres y apellidos de todos actores, activos y pasivos, mencionados en los documentos, sean funcionarios o empleados públicos (en el caso de la Policía Nacional y otros entes estatales como el Ejército), colaboradores confidenciales, personas particulares en calidad de víctimas y sus familiares, denunciantes, personas fichadas y peticionarios, entre otros.”

Y lean las cientos de notas de pie refiriéndose a los documentos citados en el texto – léanlas y disfrutan los links que se incorporaron en la versión digital del informe para que podamos ir directamente a la imagen escaneada del documento y leerlo en su totalidad, si nos gustara. Así es la transparencia: una obligación para las autoridades del Estado, y un valor clave para la sociedad civil.

Yo vengo por parte de mi propio archivo y ONG, el Archivo de Seguridad Nacional en Washington, y he visitado y trabajado en varios archivos de las Américas. En base de esa experiencia, les puedo decir con certeza que hay muy pocos ejemplos de instituciones archivísticas que provean índices, sin hablar de un informe de investigación como lo que celebramos hoy. El ejemplo de México es suficiente, donde en 2002 el presidente Vicente Fox tomo la decisión dentro del contexto de la transición política de ordenar a sus instituciones de seguridad, defensa e inteligencia la transferencia de todos sus documentos relacionados a la llamada guerra sucia (del periodo 1968-83) al Archivo General de la Nación. Estuve viviendo en México en aquel entonces y nos pareció como una idea maravillosa y le felicitamos mucho y luego fuimos a los archivos para intentar realmente utilizar los famosos documentos de la guerra sucia y ¿saben qué? fue un ejercicio de frustración total. Porque nadie había creado un índice a los acervos, nadie pensó de sensibilizar a los empleados del AGN como tratar no solo a esta colección especial sino a los usuarios – entre ellos familiares a veces entrando humildes o vulnerables o con temor. En la galería en que se guardan los documentos más sensibles, de la Dirección Federal de Seguridad – la versión mexicana de la CIA / FBI / EMP en una entidad – se puso un funcionario del mismo dirección de inteligencia para dar el servicio de acceso al público. No necesito decirles que después de unos muy pocos meses, el público ceso venir al AGN para consultar a los documentos de la guerra sucia.

Entonces acceso a la información es más, mucho más, que emitir anuncios sobre la desclasificación de documentos. Es organizar los documentos en una manera clara para personas común y corrientes – es crear índices, catálogos, bases de datos – instrumentos, pues, para rendir los archivos legibles, entendibles y buscables. Es la sensibilización del personal para poder atender a usuarios especiales: los mismos familiares, o los fiscales trabajando en procesos de justicia. En instancias muy raras es publicar un informe de investigación así, como este – Del Silencio a la Memoria – que nos ofrece tanto sobre el tesoro que es el AHPN. El informe servirá como guía a las colecciones para cualquier investigador, pero también como historia de una de las instituciones de seguridad más importantes del país, y también como un análisis profundo de la lógica de contrainsurgencia urbana y los instrumentos de represión, también como un esclarecimiento de siete casos particulares. Es un regalo a nosotros – a la sociedad guatemalteca y todos interesados en la historia, la memoria y la justicia.

Gracias.

_________________________________________________________________

Del Silencio a la Memoria: Revelaciones del Archivo Historico de la Policía Nacional

Informe Completo – (9.61 MB)

National Security Archive’s Kate Doyle speaks at the ceremony for the release of the report, “From Silence to Memory: Revelations of the Historical Archive of the National Police” in Guatemala City, Guatemala on June 7, 2011. [Daniel Hernández-Salazar © 2011]
Coordinator of the Historical Archives of the National Police (AHPN), Gustavo Meoño, speaks to audience at release of the report, “Del Silencio a la Memoria” at the University of San Carlos in Guatemala City, Guatemala on June 7, 2011. [Daniel Hernández-Salazar © 2011]
Coordinator of the Historical Archives of the National Police (AHPN) Gustavo Meoño, and AHPN Investigator, Velia Muralles recieve the Intstitute for Policy Studies (IPS) Letelier-Moffitt Human Rights Special Recognition Award in October 2010 on behalf of the AHPN. Joy Zarembka, interim director of IPS, presents the award. [Photo (c) Intstitute for Policy Studies]
Oliverio Castañeda de Leon, Secretary General of San Carlos University Student Association and iconic figure for democratic and revolutionary left, was assassinated on October 20, 1978. Castañeda had been named by the Secret Anti-Communist Army (ESA) in its “Death List” published in the Guatemalan press on October 19, 1978. AHPN documents about Castañeda are included in the AHPN report on page 397.
A copy of an internal newsletter, The National Police Reivew, is incorporated in the Historical Archives of the National Police (AHPN) report being released today. see page 93 of report, footnote number 148.
Piles of documents at the Historical Archives of the National Police (AHPN) in Guatemala City, Guatemala. [Daniel Hernández-Salazar © 2005]

TOP-SECRET FROM THE NATIONAL SECURITY ARCHIVES: The Report of the Historical Archives of the National Police

Members of the archive’s National Advisory Board stand with Ana Carla Ericastilla, director of the General Archives of Central America (front, center), Gustavo Meoño (back, right), representatives from several embassies (back), and National Security Archive’s Kate Doyle at release of the report, “Del Silencio a la Memoria” at the University of San Carlos in Guatemala City, Guatemala on June 7, 2011. [Daniel Hernández-Salazar © 2011]
he Police Archive’s new Web page was launched with the publication of the report, containing photographs, texts, links, and an electronic portal to submit information requests to the archive directly. http://www.archivohistoricopn.org/

Bookmark and Share

Related Evidence Project Postings:

UNREDACTED: Decades Later, NARA Posts Documents on Guatemalan Syphilis Experiments

UNREDACTED: Wikileaks Guatemala – Corruption and Crime in the National Civil Police

UNREDACTED:”I wanted him back alive.” An Account of Edgar Fernando García’s Case from “Inside the Tribunal Towers.”

Guatemala’s Police Archives: Breaking the Stoney Silence – By Kate Doyle in ReVista Harvard Review of Latin America

Operation Sofia: Documenting Genocide in Guatemala
Archive expert presents Guatemalan military document in international genocide case

Historical Archives Lead to Arrest of Police
Officers in Guatemalan Disappearance

The Spanish Genocide Case
Summaries of the testimony provided by five Mayan Quiché survivors and four expert witnesses

Death Squad Dossier
Military logbook of the disappeared

The Guatemalan National Police Archives

Drugs and The Guatemalan Military
A Report from the Texas Observer

The Guatemalan Military: What the U.S. Files Reveal

Colonel Byron Disrael Lima Estrada

U.S. Policy in Guatemala, 1963-1993

The CIA and Assassinations
The Guatemala 1954 Documents

Dear Mr. President: Lessons on Justice from Guatemala

Mexico’s Southern Front: Guatemala and the Search for Security

 

Guatemala City, Guatemala, June 7, 2011 – This text is a copy of the speech given by Kate Doyle at the ceremony of the presentation of the report, “From Silence to Memory: Revelations of the Historical Archive of the National Police” at the University of San Carlos in Guatemala City, Guatemala.

**********

I’m honored to be here today on behalf of the International Advisory Board of the Project to Recover the Historical Archives of the National Police in order to congratulate the archive’s staff for its tremendous work in rescuing documents that represent a critical aspect of the country’s political and social history and the patrimony of the people of Guatemala. Archives – and in particular the Historical Archive of the National Police (AHPN) – play an indispensible role in the defense of human rights in Guatemala and the struggle against forgetting. The fruits of your labor, including the report being presented here today, are now apparent, both inside and outside the country.

The International Advisory Board  consists of representatives of archives and human rights organizations from diverse countries, and includes Dr. Adolfo Pérez Esquivel, Nobel Peace Prize winner and President of the Provincial Commission for Memory in Argentina; Fina Solá, International Secretary of Archives Without Borders, based in Barcelona; Spain’s renowned expert in archives, Antonio González Quintana; Maripaz Vergara Low, Executive Secretary of the Vicariate of Solidarity in Chile; Dr. Patrick Ball, scientist and statistician from the Benetech Group in California; and your own Arturo Taracena, writer, researcher and doctor of history, a Guatemalan living in Mexico – among others. We form part of a broad international community of experts in the fields of archives and human rights that are firm supporters of the Historic Archive of the National Police, admirers of your achievements, standing with you in solidarity in the fight against impunity.  The Archive, in short, should feel well accompanied.

The title of the AHPN publication is a tribute to the final report of the Commission for Historical Clarification (CEH), “Memory of Silence”: not only in the sense that the commission was able to deliver to the people of Guatemala the results of an unprecedented and powerful investigation, but as an implicit reference to one of the thorniest problems the commission faced – the lack of official information.  Not the lack of testimony from survivors. Not the lack of bones, unearthed in exhumations. Not the lack of publications of human rights organizations, or the decisions of inter-American institutions. Not the lack of press clippings, reports of the church, the family requests or eyewitness testimony. Only the lack of official government information in Guatemala: from the Army and from its accomplice and subordinate institution, the National Police.

In the twelfth and final volume of its report, the CEH published dozens of letters exchanged between the three commissioners and the high command of the country’s security institutions, including the then-Minister of Defense, Héctor Mario Barrios Celada, and Interior Minister Rodolfo Mendoza Rosales. The communications capture the commission’s exasperation and intense frustration in trying to obtain even the most basic documents from the parties to the internal conflict in order to be able to carry out their investigations in a rigorous and balanced way. They also capture the implacable and inevitable response of the officials: No. There were no documents, the documents never existed, they were destroyed, they were lost, or worse, the documents were still classified under the seal of national security.

In one letter to President Alvaro Arzú Irigoyen dated May 24, 1998, the commissioners wrote, “It is difficult to accept that the information does not exist in Government archives. If that were true, then every time we perceived a serious irregularity indicating the State’s responsibility in human rights violations, we would consider it necessary to receive assurances of the investigative measures adopted to determine the precise causes of the loss of historic documents of an official nature. We consider that such measures form part of the Government’s obligation to cooperate with the Commission, as well as the State’s duty to investigate and sanction human rights violations…”

Of course, Guatemala is not the only country in Latin America that suffers from the silence, denial and secrecy of its own institutions in relation to the region’s painful history of repression. Peru, for example, has very similar problems, as the prosecutors named in the Fujimori case discovered. When they requested archives from the armed forces in order to be able to analyze the characteristics of military units involved in massacres, the Army responded that all the relevant documents had been burned. Burned? How were they burned, and when? The prosecutors never received a response – the Army never submitted a copy of an order to burn records nor a list of the archives supposedly destroyed. They did not consider it necessary – as though these were their own documents and not the property of the people of Peru – and they were right. The government of Peru did not demand accountability from the military in the matter.

In its call for the State’s obligation to produce its archives – and in particular in its insistence that the authorities justify any missing information and make an effort to recover it through internal investigations – the CEH anticipated by more than ten years an extraordinary ruling from the Inter-American Court, issued in December of last year. In “Gomes Lund v. Brazil,” the Court resolved that Brazilian authorities had to turn over all official documents to family members of a group of some 60 militants disappeared by security forces during the 1970s in the Araguaia region. The Court emphasized the existence of a “regional consensus about the importance of access to public information.” (§198) The Court affirmed the right to the truth of people affected by atrocities committed during the counterinsurgency campaign against the Araguaia militants. The Court established that “in cases of human rights violations, government authorities cannot hide behind mechanisms such as State secrecy or the confidentiality of the information, or for reasons of public interest or national security, in order to avoid providing information required by judicial or administrative authorities charged with a pending investigation or process. In addition, when an investigation concerns a punishable offense, the decision to qualify information as secret and refuse its disclosure must never depend exclusively on the government organ whose members are implicated in the commission of the crime.” (§202)

Finally, and very important in the case of Guatemala, “In the opinion of this Tribunal, the State cannot seek protection by using the lack of evidence concerning the existence of the documents; on the contrary, it must justify the refusal to provide them, demonstrating that it has taken every measure to confirm that, effectively, the requested information does not exist. It is clearly essential that, in order to guarantee the right to information, the authorities act in good faith and diligently carry out the necessary actions to secure the effectiveness of this right, especially when it involves the truth about serious human rights violations like the forced disappearances and the extrajudicial execution of the present case.” (§211)

For too long the Guatemalan State institutions have been able to use silence, denial, and secrecy to cover up the violations committed by their own agents without fear of sanction. The work of the Historical Archive of the National Police – and in particular the publication of the extraordinary report that we celebrate today – is a direct challenge to this dark legacy.

For Guatemala, the report reveals some ugly truths about the principle institution charged with the protection of citizens’ security. How, for example, the anti-communist functions of the National Security Directorate – established shortly after the installation of the military dictatorship in the 1950s – were granted as powers to investigate, monitor, arrest, interrogate and detain any person under the flimsiest of pretexts.  How the directorate’s functions quickly exceeded in importance and prestige the ordinary anti-crime functions of the police— ultimately infecting the culture of the police. How the National Police were militarized just as quickly, in all aspects: their structure, their ranks, their reporting, and their operations. How they were subordinated to the army. How, in the 60s, 70s, 80s, and 90s, the intensity of the social control exercised by the police and the ferocity of their repressive actions, were mirrored negatively by their total incompetence and lack of interest in their supposed main function: to investigate crimes, including the crimes of kidnapping and assassination.

For the United States, the report has lessons of a different nature. Because although some documents located within the AHPN tell of the close relations between the security forces and their North American supporters and sponsors, hundreds of declassified documents from the United States already existed that describe our ignominious history in relation to the National Police. Instead, for us, the report serves as a reminder of the role we played for decades in Guatemala, providing every kind of assistance possible in line with our notorious national security doctrine to the repressive forces in this country.

Of course, you will read the report yourselves; interested people from all over the world will read it: historians, researchers, journalists, specialists, archivists, activists, family, and prosecutors. You will discover the riches that it offers on your own. But I would like to emphasize an aspect of the report that you might miss: that is, the transparency of the archival process that underlies the document.

Read the introduction to see how carefully the mechanisms and research methodology behind the AHPN investigations are explained: the analysis, statistical studies, and internal and external debate about the issue of public access. Read pages 38-39 about “The criteria to record the names that appear in the AHPN documents,”—a profound and serious reflection about the decision to publish without restriction all of the names that appear in the report. It is worth quoting: “The armed internal conflict and repressive practices characterized a recent historic period in Guatemala that affected and continues to affect society enormously. In the face of this reality, the conclusion is inevitable that the political events that took place between 1960 and 1996 form part of the collective history of the Nation. This should be understood in its fullest dimension, so that no one has the right to hide information that comes from the actions by the State and its officials.”

In reference to the legal instruments that guarantee the right to information – such as, for example, Article 24 of the Access to Information Law, which prohibits the withholding as confidential or classified any information that could contribute to the clarification of violations against fundamental human rights – the AHPN chose to include “the first and last names of all actors, active and passive, mentioned in the documents, be they government or public employees (in the case of the National Police and other state entities such as the Army), confidential collaborators, individuals such as victims and their family members, those who file criminal complaints, individuals with police files, and petitioners, among others.”

And read the hundreds of footnotes referring to documents cited in the text – read them and enjoy the links that were incorporated in the digital version of the report so that we can go directly to the scanned image of the document and read it in its entirety, if we want. This is transparency: an obligation for the State authorities, and a valuable tool for civil society.

I am here on behalf of my own archive and NGO, the National Security Archive in Washington, and have visited and worked in several other archives throughout the Americas. Based on that experience, I can say with certainty that there are very few examples of archival institutions that provide indexes, not to mention an investigative report, such as the one we celebrate today. The example of Mexico is sufficient. In 2002, President Vicente Fox took the decision—in the context of the political transition—to order his military, defense, and intelligence institutions to transfer documents related to the so-called “dirty war” (1968-1983) to the Mexican National Archives (Archivo General Nacional – AGN).  I was living in Mexico at that time and it seemed to us a wonderful idea and we congratulated the government. Then we went to the archives to try to actually use the famous documents from the dirty war, and guess what? It was an exercise in complete frustration. Because no one had created an index to the collections, and no one thought to sensitize AGN employees how to manage this special collection, not to mention the researchers – among them family members, sometimes humble, vulnerable or fearful people arriving at the archives for the first time. In the section where the most sensitive documents were stored, records from the Federal Security Directorate (Dirección Federal de Seguridad – DFS)—the Mexican version of the CIA and FBI combined—an official from the very same intelligence agency was placed in charge of providing public access to the intelligence files. Needless to say, after a few months, the public stopped coming to the AGN to consult the “dirty war” documents.

So access to information is much, much more, than announcing the declassification of documents. It means organizing the documents in a way that is clear to ordinary people; it means creating indexes, catalogs and databases – instruments, that is, to render the files readable, comprehensible and searchable. It means preparing and training the staff so they can cater to special users: those same family members, or prosecutors working on criminal cases. In very rare instances does it mean publishing an investigative report such as this one – From Silence to Memory – which offers us indispensable insights into the treasure trove that is the Historical Archive of the National Police. The report will serve as a guide to the collections for researcher for years to come, but also as a history of the security institutions of Guatemala, a deep analysis of the logic of urban counterinsurgency and the instruments of repression, and an assessment of seven specific human rights cases. It is a gift to all of us – to Guatemalan society and to all those interested in history, memory and justice.

Thank you.

_________________________________________________________________

Documents

From Silence to Memory: Revelations of the Historical Archive of the National Police

Complete Report – (9.61 MB)

The following is a selection of document highlights from the report:


Document 1

(pg. 90 of report)
Fotografía I.1.a
28 October 1981
 “Información confidencial con remisión manuscrita al COCP 1981”

This document illuminates the role of the Joint Operations Center of the National Police (Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía – COCP). The command center directed communications between the National Police headquarters (Dirección General – DG) and units in the Military.

The police Joint Operations Center transmitted information from the police investigations unit to the military intelligence command, such as the President’s own intelligence service, the Archivo General y Servicios de Apoyo del EMP. The Archivo was part of the President’s General Staff (EMP) and maintained personal information on civilians since its inception in the 1960s. The intelligence and operational unit was at the heart of the urban terror campaign to kidnap, torture, and disappear suspected subversives during under the governments of Fernando Romero Lucas García (1978-1982), Efraín Rios Montt (1982-1983) and Oscar Mejía Víctores (1983-1985).

This document was sent to the Archivo to notify its agents of “delinquent subversives,” and gives the exact address of where they could be found. It also describes the weapons maintained by the bodyguard of the local police chief, and of the local chief of transportation.

Document 2
(pg. 93 of report, footnote number 148)
Undated
Nace un nuevo cuerpo“,

This internal newsletter, the National Police Review (Revista Policía Nacional),titled “Birth of a new corps” (“Nace un nuevo cuerpo“), reported on the formation of the new “Fifth Corps” of the police, also known as the Special Operations Command (COE – Comando de Operaciones Especiales) or the Reaction and Special Operations Battalion (BROE – Batallón de Reacción y Operaciones Especiales). The unit would go on to become notorious for its brutal countersubversive sweeps aimed at dismantling insurgent networks, and is linked to dozens of documented forced disappearances.

The newsletter contains the follow sections, among others: “National Police Infrastructure”, “Women and Public Security”, the “Sacrifice of Police Work”, “Daily Living of an Agent”, “Anonymous Heroes”, and the importance and origin of “School Security Patrols.”
The newsletter also contains a section titled “Human Rights,” where it states that, “human rights continue to be the first priority when each police officer carries out civil control duties.”

Document 3
(pg. 140 of report)
Fotografía I.25
circa 1981
Ejemplo de nómina de personal 1981

The police documents include personnel lists for all the major police units in the capital as well as in major cities across Guatemala. These lists provide key information for investigators documenting individual responsibility for government-sponsored abuses.

This record, from 1981, lists names of personnel and their positions from January 1, 1980 through December 31, 1980. The director general, German Chupina Barahona is listed as the director general, along with two other senior staff, administrative staff, corps chiefs, and department chiefs.

Document 4
(pg. 341 of report, footnote 106)
Undated
“Interrogatorio”

Throughout the conflict the Guatemalan government used what it called the “management of information” to identify and destroy networks of guerrillas and suspected subversives in what was known among security officials as the “urban guerrilla war” (guerra de guerillas urbanas). The collecting of first-hand information from captured resistance leaders and militants through interrogation and torture was one of the main methods of “managing” information. The first-hand information enabled the security forces to analyze the infrastructure of the guerrilla movement and quickly move to capture its members.

This document provides instruction to police forces on how to properly conduct an interrogation:

“The captured enemy will talk only if the interrogator is properly prepared to carry out the interrogation. The information that is extracted will serve future operations and correct errors in those operations.”

In order to properly carry out the interrogation, the police official is instructed to personally observe the prisoner, taking notes on clothing, mood, and attitude. The interrogator is instructed to know details of the prisoner’s capture, and how he/she was treated by other officers when they were captured.

The document then continues with a list of questions the interrogator should ask them self while preparing for the interrogation, including:

“a. What appears to be his attitude?  Afraid, calm, willing to cooperate, etc.
b. What can you do to increase or prolong his fear?
c. What can you do to eliminate or alleviate his fear?
d. What documents or effects that the individual was carrying when captured that could be used to help you during questioning?
e. What information is required urgently?”

Document 5
(pg. 404 in report)
Fotografía IV.7
20 September 1978

These pictures are from a confidential report prepared by the Detective Corps in relation to student protests held in solidarity with Nicaragua on September 20, 1978. In the third photograph, the student with the white pants with a cross marked on his leg is Oliverio Castañeda de Leon.

Castañeda, an economics student at San Carlos University, was the Secretary General of the University Student Association and an iconic figure for the democratic and revolutionary left. He was a member of many student groups that were constantly monitored by state security forces because of suspected subversive activities. This set of photographs, only a few from a vast collection, exemplifies the level of control and vigilance with which the National Police monitored student leaders. Two months after this photo was taken, on October 20, 1978, the 23 year-old Castañeda was assassinated just blocks away from the presidential palace after leaving a demonstration in Guatemala City’s central plaza.


Document 6
(pg. 407 in report, footnote number 18)
19 October 1978
Ejército Secreto Anti-Comunista – Boletin No. 3

One day before Oliverio Castañeda de León’s murder, on October 19, his name appeared on the Secret Anti-Communist Army’s “Condemned to Death” list, published in the group’s Bulletin Number Three. Castañeda’s name is underlined in the bulletin, a copy of which was discovered in the AHPN.

Document 7
(pg. 466 in report)
Fotografía IV.13
11 August 1980
“Ficha post mortem de Vicente Hernández Camey”

The large cache of records from the Police Archive’s Identification Bureau (Gabinete de Identificación) was significantly deteriorated when discovered in July 2005. Despite their poor condition, the documents are an essential key to identifying the bodies of the unknown from the conflict.

In February 1969, the National Police implemented the “Henry Fingerprinting System” as part of a cold-war police training program headed by Sergio Roberto Lima Morales, Chief of the Identification Bureau. This system enabled the police to identify cadáveres xx, or “unidentified bodies”. This document displays the product of the “Henry” fingerprinting system, named after a British police inspector who developed his method for criminal investigations in colonial India.

These are the post-mortem fingerprints of Vincente Hernández Camey a member of the Vecinos Mundial, or “Global Neighbors”, a private organization of the indigenous Kaqchiquel community in Chimaltenango. Hernández Camey was forcibly disappeared along with a companion, Roberto Xihuac—also a member of Global Neighbors—on August 7, 1979. Originally, Hernández Camey entered the National Police system as an unidentified body; however, the police were able to positively identify him by using the fingerprinting system.

National Security Archive’s Kate Doyle speaks at the ceremony for the release of the report, “From Silence to Memory: Revelations of the Historical Archive of the National Police” in Guatemala City, Guatemala on June 7, 2011. [Daniel Hernández-Salazar © 2011]
Coordinator of the Historical Archives of the National Police (AHPN), Gustavo Meoño, speaks to audience at release of the report, “Del Silencio a la Memoria” at the University of San Carlos in Guatemala City, Guatemala on June 7, 2011. [Daniel Hernández-Salazar © 2011]
Coordinator of the Historical Archives of the National Police (AHPN) Gustavo Meoño, and AHPN Investigator, Velia Muralles recieve the Intstitute for Policy Studies (IPS) Letelier-Moffitt Human Rights Special Recognition Award in October 2010 on behalf of the AHPN. Joy Zarembka, interim director of IPS, presents the award. [Photo (c) Intstitute for Policy Studies]
Oliverio Castañeda de Leon, Secretary General of San Carlos University Student Association and iconic figure for democratic and revolutionary left, was assassinated on October 20, 1978. Castañeda had been named by the Secret Anti-Communist Army (ESA) in its “Death List” published in the Guatemalan press on October 19, 1978. AHPN documents about Castañeda are included in the AHPN report on page 397.
A copy of an internal newsletter, The National Police Reivew, is incorporated in the Historical Archives of the National Police (AHPN) report being released today. see page 93 of report, footnote number 148.
Piles of documents at the Historical Archives of the National Police (AHPN) in Guatemala City, Guatemala. [Daniel Hernández-Salazar © 2005]