Guatemala City, Guatemala, June 7, 2011 – Este texto es una copia del discurso de Kate Doyle en la ceremonia de la presentación del informe, “Del Silencio a la Memoria: Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional” en la Universidad de San Carlos, Guatemala City, Guatemala.

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Vengo hoy como representante del Consejo Consultivo Internacional del Proyecto de la Recuperación de los Archivos Históricos de la Policía Nacional para felicitar al equipo del archivo por sus trabajos tremendos en el rescate de los documentos – archivos que representan una parte imprescindible de la historia política y social del país y en ese sentido el patrimonio del pueblo de Guatemala. La defensa de los derechos humanos en Guatemala, y en concreto la lucha contra el olvido, tienen en los archivos y muy especialmente en el Archivo Histórico de la Policía Nacional un elemento de apoyo insustituible. Los frutos del trabajo realizado, como refleja el informe que hoy se presenta, empiezan a ser percibidos de forma evidente, dentro y fuera del país.

El Consejo Consultivo Internacional consta de representantes de archivos y derechos humanos de varios países, que incluye el Dr. Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz y Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria de Argentina; Fina Solá, Secretaria Internacional de Archivos sin Fronteras, con sede en Barcelona; el reconocido experto en archivos de España, Antonio González Quintana; Maripaz Vergara Low, Secretaria Ejecutiva de la Vicaria de la Solidaridad de Chile; Dr. Patrick Ball, científico y estadístico del Grupo Benetech de California; y su propio Arturo Taracena, doctor en historia, investigador y escritor, Guatemalteco viviendo en México – entre otros. Y formamos parte de una comunidad internacional, bien amplia, de expertos en los campos de archivos y derechos humanos que son firmes partidarios del Archivo Histórico de la Policía Nacional, admiradores de sus logros, y compañeros en la lucha contra impunidad. El Archivo, en fin, debe considerarse bien acompañado.

El título de la publicación del AHPN es un homenaje al informe final de la CEH, “Memoria del Silencio”: no solo en el sentido de que la comisión logró entregar al pueblo de Guatemala los resultados de una investigación inédita, impactante y magistral, sino también como referencia implícita a uno de los problemas más espinosos para la comisión – la falta de información oficial. No la falta de testimonios de los sobrevivientes. No la falta de huesos de las exhumaciones. No la falta de publicaciones de las organizaciones de DDHH, ni de las resoluciones de las entidades inter-americanas. No la falta de recortes de la prensa, informes de la iglesia, peticiones de los familiares o memorias de los testigos. Solo la falta de la información oficial del gobierno de Guatemala: del Ejército del país y de su cómplice y subordinado, la Policía Nacional.

En el volumen final, el duodécimo, del informe de la CEH, se reproducen docenas de cartas entre los tres comisionados y el alto mando de las instituciones de seguridad, tal como el entonces Ministro de la Defensa, Héctor Mario Barrios Celada, y el Ministro de Gobernación Rodolfo Mendoza Rosales. Las comunicaciones capturan la exasperación y frustración intensa de la comisión en intentar obtener aún los documentos más básicos de los partidos del conflicto interno para poder llevar a cabo sus investigaciones en una manera rigurosa y balanceada. Capturan también la respuesta implacable y inevitable de las autoridades, que no. Que no hay documentos, que no existen documentos, que se destruyen, se pierden, o – peor – que los documentos todavía están bajo el sello de seguridad nacional.

Escribieron los comisionados en una carta dirigida al Presidente de la Republica, Alvaro Arzú Irigoyen, con fecha del 24 de marzo de 1998, “Es difícil aceptar que esa información no existe en los archivos del Gobierno. Si así fuere, toda vez que estaríamos en presencia de una grave irregularidad, que agravaría la responsabilidad del Estado en situaciones violatorias de derechos humanos, estimamos indispensable conocer qué medidas de investigación se han adoptado para determinar las causas precisas del extravío de documentos históricos de carácter oficial. Estimamos que dichas medidas forman parte tanto de la obligación de colaboración del Gobierno con la Comisión como del deber del estado de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos…”

Desde luego, Guatemala no es el único país en América Latina que sufre por causa del silencio, negación y opacidad de sus propias instituciones en cuanto a las historias dolorosas de represión en la región. Perú, por ejemplo, tiene problemas muy semejantes, como bien saben los fiscales nombrados para judicializar el caso Fujimori. Cuando pidieron archivos de las fuerzas armadas del país para poder analizar las características de unidades castrenses supuestamente vinculadas a las masacres, el Ejército respondió que se había quemado todos los documentos relacionados. ¿Quemado? ¿Cómo quemado? Los fiscales nunca recibieron respuesta – el Ejército ni les entregó una orden de quemar ni un listado de los archivos supuestamente destruidos. No veía la necesidad – como si fueran sus propios documentos y no la propiedad del pueblo peruano – y tenía razón, porque el Gobierno de Perú no les obligó rendir cuentas sobre la materia.

En su reclamo sobre la obligación del Estado a producir los archivos – y en particular en su insistencia de que las autoridades justifiquen cualquier falta de información y hagan esfuerzos de recuperarla a través de investigaciones internas – la CEH anticipó con más que diez años un fallo extraordinario de la Corte I-A, emitido en diciembre del año pasado. En “Gomes Lund v. Brasil,” la Corte resolvió que la autoridades brasileños deben entregar todos documentos oficiales a los familiares de un grupo de algunos 60 militantes desaparecidos durante los años 70 en la región Araguaia por fuerzas de seguridad. La Corte destacó la existencia de un “consenso regional sobre la importancia del acceso a la información pública.” (§198) La corte afirmó el derecho a la verdad de las personas afectadas por las atrocidades cometidas durante la campaña contrainsurgente contra los militantes de Araguaia. La corte estableció que “en casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes. Asimismo, cuando se trata de la investigación de un hecho punible, la decisión de calificar como secreta la información y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito.” (§202)

Finalmente, y muy importante en el caso de Guatemala, “A criterio de este Tribunal, el Estado no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de los documentos solicitados sino que, por el contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos, demostrando que ha adoptado todas las medidas a su alcance para comprobar que, efectivamente, la información solicitada no existía. Resulta esencial que, para garantizar el derecho a la información, los poderes públicos actúen de buena fe y realicen diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial del presente caso.” (§211)

Por demasiado tiempo las instituciones del Estado de Guatemala han podido utilizar el silencio, negación y opacidad para encubrir las violaciones cometidas por sus propias agentes sin ninguna sanción. El trabajo del Archivo Histórico de la Policía Nacional – y en particular la publicación del extraordinario informe que hoy celebramos – es un desafío directo a este legado oscuro.

Para Guatemala, el informe cuenta verdades feas sobre la institución principal y más importante encargada con la protección de su seguridad cotidiana. Como, por ejemplo, las funciones anti-comunistas de la Dirección de Seguridad Nacional – establecido poco después la instalación de la dictadura militar en los años 50 – otorgaron a la misma institución poderes a indagar, vigilar, arrestar, interrogar y más a cualquier persona bajo los pretextos más débiles. Como sus funciones rápidamente superaron en importancia y prestigie las funciones ordinarias anti-crimen de la policía – y así se infectó la cultura de la policía. Como se militarizó igualmente rápido a la Policía Nacional  en todos aspectos: sus estructuras, sus rangos, sus reportes, sus operaciones. Como se subordinó al Ejército. Como, en los años 60, 70, 80, 90 la intensidad del control social ejerció por la Policía, la ferocidad de sus acciones represivas, tenían como su imagen en reversa la incompetencia y falta de interés en su supuesta función central: la investigación de crímenes, incluso los crímenes del secuestro y asesinato.

Para los Estados Unidos el informe tiene lecciones de otra naturaleza. Porque aunque se localizaron algunos documentos dentro del AHPN sobre la relación estrecha entre las fuerzas de seguridad y sus partidarios y patrocinadores norteamericanos, también existen y existían ya cientos de documentos desclasificados de los EEUU describiendo nuestra historia de ignominia en relación con la Policía Nacional. Más bien, para nosotros, el informe sirve como un recuerdito del papel que jugábamos por décadas en Guatemala de prestar toda ayuda, apoyo, hasta nuestra doctrina notoria de seguridad nacional a las fuerzas represivas de este país.

Bueno, ustedes van a leer el informe; lo van a leer personas interesadas de todas partes del mundo: historiadores, investigadores, periodistas, especialistas, archivistas, activistas, familiares y fiscales. Van a descubrir las riquezas de su contenido por sí mismos. Quisiera destacar un aspecto del informe que les podría escapar: es decir, la transparencia del mero proceso archivístico que subyace en el documento.

Lean la introducción para averiguar cómo se explica muy cuidosamente los mecanismos y metodología atrás de las investigaciones del AHPN, su análisis, sus estudios estadísticos, y el debate interno y externo sobre la cuestión de acceso público. Lean en las páginas 38-39 sobre “Los criterios para consignar los nombres que aparecen en los documentos del AHPN,” una reflexión profunda y seria sobre la decisión de publicar sin reserva todos los nombres que aparezcan en el informe. Merece que se cite: “El conflicto armado interno y las prácticas represivas, caracterizaron un período de la historia reciente de Guatemala, que afectó y sigue afectando enormemente a la sociedad. Frente a esta realidad resulta inevitable concluir que los acontecimientos políticos acaecidos entre 1960 y 1996 forman parte de la historia colectiva de la Nación. Ésta debe ser conocida en su justa dimensión, sin que nadie tenga el derecho a ocultar la información que proviene de las acciones del Estado y sus funcionarios.”

Con referencia a los instrumentos legales que garanticen el derecho a la información – tal como, por ejemplo, el artículo 24 de la ley de acceso a la información que prohíbe el resguardado como confidencial o reservada información que pueda contribuir al esclarecimiento de las violaciones contra derechos humanos fundamentales – el AHPN eligió incluir, y cito, “los nombres y apellidos de todos actores, activos y pasivos, mencionados en los documentos, sean funcionarios o empleados públicos (en el caso de la Policía Nacional y otros entes estatales como el Ejército), colaboradores confidenciales, personas particulares en calidad de víctimas y sus familiares, denunciantes, personas fichadas y peticionarios, entre otros.”

Y lean las cientos de notas de pie refiriéndose a los documentos citados en el texto – léanlas y disfrutan los links que se incorporaron en la versión digital del informe para que podamos ir directamente a la imagen escaneada del documento y leerlo en su totalidad, si nos gustara. Así es la transparencia: una obligación para las autoridades del Estado, y un valor clave para la sociedad civil.

Yo vengo por parte de mi propio archivo y ONG, el Archivo de Seguridad Nacional en Washington, y he visitado y trabajado en varios archivos de las Américas. En base de esa experiencia, les puedo decir con certeza que hay muy pocos ejemplos de instituciones archivísticas que provean índices, sin hablar de un informe de investigación como lo que celebramos hoy. El ejemplo de México es suficiente, donde en 2002 el presidente Vicente Fox tomo la decisión dentro del contexto de la transición política de ordenar a sus instituciones de seguridad, defensa e inteligencia la transferencia de todos sus documentos relacionados a la llamada guerra sucia (del periodo 1968-83) al Archivo General de la Nación. Estuve viviendo en México en aquel entonces y nos pareció como una idea maravillosa y le felicitamos mucho y luego fuimos a los archivos para intentar realmente utilizar los famosos documentos de la guerra sucia y ¿saben qué? fue un ejercicio de frustración total. Porque nadie había creado un índice a los acervos, nadie pensó de sensibilizar a los empleados del AGN como tratar no solo a esta colección especial sino a los usuarios – entre ellos familiares a veces entrando humildes o vulnerables o con temor. En la galería en que se guardan los documentos más sensibles, de la Dirección Federal de Seguridad – la versión mexicana de la CIA / FBI / EMP en una entidad – se puso un funcionario del mismo dirección de inteligencia para dar el servicio de acceso al público. No necesito decirles que después de unos muy pocos meses, el público ceso venir al AGN para consultar a los documentos de la guerra sucia.

Entonces acceso a la información es más, mucho más, que emitir anuncios sobre la desclasificación de documentos. Es organizar los documentos en una manera clara para personas común y corrientes – es crear índices, catálogos, bases de datos – instrumentos, pues, para rendir los archivos legibles, entendibles y buscables. Es la sensibilización del personal para poder atender a usuarios especiales: los mismos familiares, o los fiscales trabajando en procesos de justicia. En instancias muy raras es publicar un informe de investigación así, como este – Del Silencio a la Memoria – que nos ofrece tanto sobre el tesoro que es el AHPN. El informe servirá como guía a las colecciones para cualquier investigador, pero también como historia de una de las instituciones de seguridad más importantes del país, y también como un análisis profundo de la lógica de contrainsurgencia urbana y los instrumentos de represión, también como un esclarecimiento de siete casos particulares. Es un regalo a nosotros – a la sociedad guatemalteca y todos interesados en la historia, la memoria y la justicia.

Gracias.

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Del Silencio a la Memoria: Revelaciones del Archivo Historico de la Policía Nacional

Informe Completo – (9.61 MB)